La ley de unidad de mercado eliminará barreras para las empresas

Una vez se apruebe, los productores tendrán que pedir una sola licencia, en una Comunidad Autónoma, y podrán comercializar sus productos en todo el país. Los prestadores de servicios tendrán también que pedir una única licencia de actividad y tendrán que atender, al igual que ocurre en Europa, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad. El establecimiento de este principio de licencia única elimina en la práctica el coste de tener que someterse hasta a 17 regulaciones distintas para operar en España.


Impacto económico sobre el PIB
El departamento de Análisis Macroeconómico del Ministerio de Economía y Competitividad estima que la aprobación de esta ley va a suponer un aumento total del PIB del 1,52% en un periodo de diez años. El aumento sería aproximadamente del 0,15% PIB anual los primeros diez años, en torno a 1.500 millones de euros cada año.

La sobreabundancia normativa supone un claro desincentivo a la inversión extranjera, aumenta la inseguridad jurídica e impide a las empresas beneficiarse de las economías de escala, lo que perjudica la competitividad de nuestra economía y se traduce en destrucción de empleo.

La ley atiende a una reclamación generalizada de los operadores económicos, de las patronales empresariales y de los inversores, tanto nacionales como extranjeros. Son numerosos los organismos que han destacado la necesidad de introducir una mayor simplificación administrativa en España. El Consejo Europeo, en sus Recomendaciones a España en el procedimiento del Semestre Europeo, establecía la necesidad de "eliminar los múltiples obstáculos al ejercicio de la actividad resultantes de la existencia de normas múltiples y superpuestas establecidas por los distintos niveles de Gobierno”. La medida, que está incluida en el Plan Nacional de Reformas, permitirá a España "mejorar en los rankings internacionales de competitividad", según el Gobierno.

Órgano de vigilancia
La ley contempla la creación del Consejo para la Unidad de Mercado, un órgano de cooperación administrativa que velarrá por el cumplimiento de la norma. El Consejo estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas y contará con la participación de los consejeros del ramo de las Comunidades Autónomas. También formarán parte del Consejo la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa -que ocupará la Secretaría-, la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Subsecretaría de Presidencia.

El Consejo tendrá las funciones racionalizar la normativa e impulsar cambios para la eliminación de obstáculos a la unidad de mercado. También hará seguimiento de los mecanismos de cooperación y en particular velará por la efectiva integración de los registros sectoriales. Coordinará igualmente la actividad desarrollada por las conferencias sectoriales en materia de unidad de mercado. La Secretaría del Consejo, entre otras funciones, elaborará un informe semestral de análisis y evaluación de la situación regulatoria del mercado.
Solución ágil y económica a conflictos.

Este anteproyecto habilita por primera vez a los operadores a acudir a la futura Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en caso de que entiendan que actos o sanciones de las Administraciones Públicas vulneran la unidad de mercado y por tanto obstaculizan la libre circulación de sus productos o servicios. La CNMC deberá decidir en un plazo de cinco días sobre la procedencia de la solicitud.