La corrupción puede tener cura: herramientas que diferencian a los buenos de los malos

Estamos convencidos, o nos dejamos convencer, de que no hay forma de enfrentarlas, porque quienes actúan al margen de la ley no respetan, y no les importa hacerlo, a la sociedad en la cual se mueven cotidianamente, ni el daño que con sus acciones provocan al entramado social.

No les importa el país donde viven, no tienen escrúpulos, solamente se mueven en manadas depredadoras del bienestar público, son sicarios que hacen de la corrupción y el fraude su forma de vida, y siempre consiguen lo que buscan, socios en los ámbitos políticos y empresarios para generar sus mal habidas ganancias, dejando tierra arrasada en las comunidades en las cuales perpetran sus maléficos planes.

Dentro de esta corruptela están todos los rangos de la pirámide social, desde los cerebros gestores a los peones ejecutores, cada uno cumple con su papel siniestro y están tan convencidos de que nadie nunca los descubrirá que conviven entre el resto de los ciudadanos sin levantar aparentemente sospechas.

Estos delitos de corrupción, estafa, lavado de dinero, soborno y demás, tipificados por el Código Penal, no están en su diccionario, así como tampoco conocen los demás valores que necesariamente deben tener los individuos que conforman una sociedad, políticos, empresarios, profesionales o el ciudadano de a pie, porque a quienes cometen estos actos delictivos, la ética y la honestidad les resultan palabras inaplicables.

Por esta razón, disponer de normas que castiguen éste tipo de acciones puede diferenciar a los buenos de los malos, y especialmente en nuestro ámbito de acción, a los buenos de los malos empresarios. Conocer y aplicar adecuadamente esas normas y las medidas preventivas que de ellas emanan contra los ilícitos que cometan, no solamente las personas físicas sino especialmente las personas jurídicas a través de sus responsables, no puede ni debe ser tomado como vacío de contenido, ni estar a la espera de aclaraciones que las hagan operativas.

Tal como comentara en un artículo anterior, las modificaciones introducidas al Código Penal, vigentes desde Diciembre de 2010, existen y han introducido un cambio radical en la concepción de la imputación de delitos, que antes quedaba limitada exclusivamente a las personas físicas, y ahora se extiende también a las personas jurídicas.

Las leyes son de aplicación desde el momento de su concepción y por ello deben tomarse como una oportunidad para las empresas que incorporen modelos de gestión basados en los valores y cultura de la organización, poniendo énfasis en que su acción se fundamentará en la legalidad de su gestión, la ética, y la honestidad.

La adopción de sistemas de prevención contra los riesgos penales tiene como objetivo la protección de la gestión empresarial frente a los delitos tipificados por el Código Penal a los cuales podrían verse expuestas; por lo tanto, el sistema preventivo debe adecuarse a cada organización e involucra a todas las actividades y operaciones que ellas realizan así como sus relaciones comerciales.

El Protocolo de Prevención Penal
Para diferenciarse de las empresas que han elegido el camino de la corrupción para competir deslealmente contra el resto, la única herramienta de lucha contra los delitos es generar la concienciación en los máximos responsables de las organizaciones de que el buen gobierno corporativo parte desde la planeación estratégica de las acciones que deben ser tomadas contra cualquier tipo de manifestaciones delictivas, y que todos los actores que conforman su entramado, desde sus empleados hasta los clientes, proveedores, prestadores de servicios, contratistas y subcontratistas, comulguen con los mismos valores y se enfrenten de igual manera a los delitos penales que corroen las relaciones comerciales.

Ante la realidad cotidiana que nos muestra los hechos de corrupción que involucran al mundo empresarial, las medidas de control que prevengan su existencia hacen que la implantación de un Protocolo de Prevención Penal sea una herramienta eficaz, sin importar el tamaño de las empresas, debiendo ser asumido como una inversión y una obligación moral -en lugar de un gasto o una opción- con fuertes basamentos a través del Código de Conducta y la Política de Prevención de Delitos. Es, en definitiva, la filosofía que lucha contra la delincuencia.

Qué distintas serían las sociedades si no hubiera necesidad de dictar leyes contra los actos delictivos de los individuos que los cometen para destruirlas, pero lamentablemente el ser humano no solamente fue concebido para hacer el bien y el ámbito empresarial no queda al margen de la falta de ética y honestidad.